La información está contenida en un informe de la Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el que se indica que los  mayores daños los registran los  bosques de Montecristi, y Santo Domingo (capital y provincia), donde hay en los tribunales 1,560 y 1,925 expedientes, respectivamente.
 
Los departamentos judiciales donde se han formulado menos expedientes por daños a los bosques  corresponden a las  jurisdicciones de Santiago,   con 605; La Vega, 236; San Francisco de Macorís, 472; La Romana, 139; San Cristóbal, 405; Barahona, 278, y San Juan de la Maguana 805, según el informe firmado por el procurador de Medio Ambiente, Andrés Chalas Velásquez.

Indicó que los principales delitos en que incurren los depredadores de la naturaleza son cortes y transporte de árboles, quema de carbón,  cambio de suelo, caza y pesca ilegal, contaminación atmosférica, del agua, suelo, desechos sólidos, obstrucción de ríos, cañadas y  canales.

Citó que  otros dos procesos  pendientes de fallos  en  la Suprema Corte de Justicia son los  expedientes  del  Rock-ash  relativos al depósito de ese material tóxico  en áreas de Samaná y Montecristi.
 

Pero, según Chalas Velásquez,  los  casos más relevantes son los relativos a la incursión ilegal en las  áreas protegidas del  lago Enriquillo y la  alteración al Parque Nacional Los Haitises, provocado tumbas de árboles para el  cultivo de rubros agrícolas y la construcción de casas de campañas, que afectan áreas donde viven especies en extinción.
 
Hay varios casos pendientes de investigación.
 
Destrucción de bosques
 
Durante el año 2006 la Procuraduría de  Medio Ambiente  sometió recibió 2,333 querellas y sometió a la Justicia a tres mil personas acusadas de destruir bosques en zonas protegidas.

En este período uno de los fallos más notorios fue donde resultó condenado  al pago de 100 mil pesos o 37 salarios mínimos un  ex senador por haber talado  árboles en  el área protegida Parque Nacional Lago Enriquillo.
 
El Procurador de Medio Ambiente dijo que un alto porcentaje de las incursiones ilegales en  los bosque no llegan a los tribunales, debido a que son  resueltos por vía de la conciliación,  prevista por el Código Procesal Penal, y a través de las sanciones administrativas, conforme a las disposiciones del artículo 167 de la Ley 64-00, que faculta a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales a imponerlas.